Más exacto es hablar no de un cierre de Infostore, sino de que los servidores fueron incautados en el marco de la investigación y el sitio dejó de funcionar mientras el equipo estuvo en poder de las autoridades. Se incautaron dieciocho servidores, dos sistemas de almacenamiento y un conmutador. El registro duró doce horas y no fue una redada de unos minutos, sino un procedimiento prolongado con inventario de cada pieza de hardware.
Para entonces, Infostore había recorrido un largo camino. En diciembre de 2004, durante la Revolución Naranja, era un sitio de noticias ciudadanas donde escribían los propios lectores. Hacia 2006 se había transformado en un servicio de alojamiento de archivos accesible a través de UA-IX, uno de los mayores puntos de intercambio de tráfico de internet de Ucrania. Según sus propietarios, el servicio reunía hasta cinco millones de usuarios al mes, y fue precisamente esa escala lo que lo puso en el punto de mira de las autoridades.
La versión del Ministerio del Interior y la respuesta del propietario
Mijaíl Andrienko, jefe del departamento del Ministerio del Interior para la lucha contra la trata de personas, declaró que las policías de Bélgica, Francia y Australia habían enviado más de cien solicitudes sobre distribuidores de pornografía infantil, y que la mayoría se referían a archivos alojados en Infostore. Según su versión, una carta a la dirección del sitio quedó sin respuesta durante medio año. Estas afirmaciones pertenecen a la parte acusadora y en el artículo se recogen precisamente como su posición.
Alexéi Mas, conocido en el entorno de internet como el creador de Infostore, respondió que la última vez que estuvo en la dirección fue a finales de agosto. Según sus palabras, la orden de registro fue escaneada en la propia fotocopiadora de Infostore y en ella figuran materiales que la empresa misma había entregado en agosto. Comparó la escala del servicio con la infraestructura de comunicaciones:
«Esto se puede comparar con una red telefónica de un millón y medio de teléfonos».
El ánimo público en el ámbito profesional también se comprobó con una encuesta. En su blog de LiveJournal, Mas realizó una votación y el 54 por ciento de los lectores se pronunció a favor de una petición colectiva al Ministerio del Interior. No es una decisión judicial ni la posición oficial del sector, pero el hecho mismo de la encuesta muestra que la comunidad de internet no se puso sin reservas del lado del propietario.
Lo que dice el derecho
El jurista Mijaíl Goncharuk, del grupo legal «Dominion», explicó la diferencia principal sobre la que descansa toda la historia. El servidor, según él, es una plataforma de transmisión de información, no un difusor. Sin embargo, el propietario que sabía de los archivos y no los eliminó puede ser considerado cómplice. La frontera no pasa por el hecho de que haya materiales en los servidores, sino por lo que la administración sabía y lo que hizo.
La asesora del ministro, Ekaterina Levchenko, reconoció que el derecho ucraniano en esta materia va por detrás del internacional. El término «pornografía infantil» no existe en la ley, y el artículo 301 describe la importación, fabricación, venta y distribución de objetos pornográficos en sentido amplio. Por eso la calificación del caso se basa en formulaciones generales y no en una norma específica sobre protección de la infancia.
Hay otra línea relacionada con la participación de Infostore en proyectos desde hace tiempo vinculados a Mas. Junto con Ruslán Dmitrakóvich puso en marcha la Red Ucraniana de Banners en enero de 1999, y en marzo de 2000 dirigió el «Portal Ucraniano» (UAPortal). En agosto de 2008, cuando Mail.ua entró en pruebas cerradas, su arquitecto era el mismo Mas, y el proyecto atrajo más de un millón de dólares de inversión del grupo «Internet Invest». Inversor de Infostore fue también Alexandr Olshanski, miembro de la junta de la Asociación de Empresas de Internet de Ucrania (InAU), que celebró una rueda de prensa sobre el caso el 10 de diciembre. Iván Petujov, también miembro de la junta de InAU, estuvo entre los comentaristas de la situación.
Al 12 de diciembre, los servidores seguían en poder de la investigación, el sitio no funcionaba y la Fiscalía continuaba la investigación conforme al artículo 301. La cuestión de cómo se aplicará la ley al propietario que sabía del contenido y no lo eliminó quedó abierta, y los comentarios públicos al respecto sonaron con voces diversas.
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